Discapacidad y acceso a la salud son conceptos que deberían ir de la mano.
El primero hace referencia a impedimentos tanto permanentes como temporales.
De hecho, forman parte de la cotidianidad y se presentan en cualquier persona, en cualquier momento de la vida.
Pueden impedir la inclusión plena y efectiva de un individuo en la sociedad, es decir, en igualdad de condiciones con los demás.
Toda persona corre el riesgo de sufrir una discapacidad y este peligro aumenta con la edad.
Sus causas posibles van cambiando conforme pasan los años.
Unas afectan la libertad para moverse, otras, el sentido de la vista o del oído.
Las hay que dificultan la comunicación, o poner atención o el aprendizaje.
Otras entorpecen el sistema neuronal.
Además de afectar el día a día de los individuos, incrementan el riesgo de sufrir enfermedades crónicas o disminuir la expectativa de vida.
En estas consecuencias, que son prevenibles, influyen inequidades sistemáticas presentes en el aparato sanitario.
El desarrollo de males crónicos, por ejemplo, se ve favorecido porque discapacidad y acceso a la salud van por rumbos distintos.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), limitaciones de tipo físico, mental, intelectual o sensorial afectan a 1 mil 300 millones de individuos en todo el planeta.
Esto significa que afectan a uno de cada seis habitantes de la Tierra.
De ahí la importancia que adquiere la inclusión.
El reto es conseguir que quien batalla con una discapacidad obtenga una participación plena y efectiva en su comunidad.
Por ello es importante adoptar medidas para combatir la discriminación en el sector clínico.
UN ENFOQUE DISTINTO
La OMS hace constantes llamados a prevenir o borrar del mapa situaciones que inciden en el bienestar de la persona con discapacidad.
Dentro de estas situaciones figuran actitudes negativas de los profesionales sanitarios y barreras económicas o físicas que obstaculizan el acudir a un centro de salud.
Es fácil de enunciar el razonamiento detrás de la necesidad de una mayor inclusión: los sistemas sanitarios deben contribuir a solventar los retos que enfrentan quienes sufren una deficiencia o limitación.
Se estima que ocho de cada diez personas con discapacidad viven en países de ingresos bajos y medianos, donde el acceso a servicios clínicos tiene dificultades.
Afrontar las desigualdades en materia sanitaria supone un reto considerable en esas naciones.
Si bien todo individuo tiene derecho a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr, la vía de un mayor presupuesto destinado a ese fin parece estar cerrada.
Por ello, se ha buscado un enfoque distinto.
La buena nueva es que los datos obtenidos confirman que es rentable invertir en salud inclusiva.
Se estima que los gobiernos podrían obtener un rendimiento de hasta 10 dólares por cada dólar destinado a estrategias con sello inclusivo, relacionadas con prevenir y tratar afecciones no transmisibles.
Sin perder de vista el recurso disponible, debe considerarse con seriedad la adopción de medidas que apunten a cuestiones como mejorar la infraestructura sanitaria o capacitar a los trabajadores del sector salud.
Acercar el sistema sanitario a las personas con discapacidad también representa progresar en la misión de alcanzar la cobertura universal de salud.
Las intervenciones inclusivas en materia sanitaria, cuando se implementan de forma eficiente, contribuyen a lograr comunidades más saludables.
REALIDAD MEXICANA
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hay más de 6 millones de mexicanos (4.9 por ciento de la población) con algún tipo de discapacidad.
Existen costos asociados a la exclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la esfera productiva de la nación.
Se trata de estimados porque medir el asunto es complicado; exige especificar el tipo de discapacidad y su afectación, y si es un problema temporal o permanente; tales datos, por lo general, no existen.
Los principales problemas que enfrentan los aquejados por alguna limitación o deficiencia son desempleo, discriminación y dependencia de otras personas.
Enseguida vienen la falta de apoyo gubernamental, difícil acceso a la salud, falta de medios de transporte, violaciones a sus derechos humanos e inseguridad.
La misión es adoptar acciones que permitan desarrollar la capacidad productiva de quienes son relegados por una discapacidad, combatir el rezago educativo que suelen padecer y fomentar su ingreso al mercado laboral.
También debe considerarse fortalecer los esquemas de protección social, dado que hoy día, el registro ante el Seguro de quien sufre una discapacidad depende, por lo general, de alguna persona de su hogar.
LA INCLUSIÓN COMO DESAFÍO
El desafío reclama modificar la percepción errónea que se tiene de las aptitudes productivas de quien padece una limitación permanente o temporal.
En el sector clínico, que discapacidad y acceso a la salud vayan de la mano exige invertir en mejorar la infraestructura sanitaria.
También hay desafíos como el de garantizar que la plantilla de trabajadores sanitarios sea suficiente y que esté bien capacitada, así como asegurar el abasto de medicamentos.
La inclusión no es sólo un tema de justicia social; el dinero invertido en ella puede generar un retorno importante.
Para ello, debe brindarse a las personas con discapacidad la oportunidad de ser productivos, de integrarse, y definir acciones que los ayuden a gozar del máximo de salud posible.
Que pierdan esperanza de vida, que sufran enfermedades tanto prevenibles como no transmisibles y que sean víctimas de discriminación son puntos oscuros que la sociedad puede iluminar si se decide a conseguir que discapacidad y acceso a la salud no vayan cada uno por su lado.
