La movilidad y el derecho al espacio público son demandas cotidianas en ciudades que, como las latinoamericanas, están a expensas de los intereses de grandes corporaciones relacionadas con los hidrocarburos, así como de la corrupción y legislaciones laxas.
Luchar por una movilidad incluyente, que contemple transporte público eficiente, banquetas, ciclovías y áreas verdes, es una tarea titánica que, sobre todo en las últimas dos décadas, han encabezado ciudadanos, colectivos y oenegés a lo largo del país en el contexto de una severa crisis-socio ambiental.
Los siniestros viales son un problema de salud pública y la Organización Mundial de la Salud estima que más de la mitad resultan mortales para quienes son usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.
Más del 90 por ciento de las defunciones que resultan de esta clase de accidentes suceden en países subdesarrollados, donde coincide que se concentra el 60 por ciento de los automóviles del mundo.
Los intereses económicos son claros. La industria automotriz no voltea a ver a los países del llamado “primer mundo”, le interesa el “tercer mundo”.
Bajo este modelo, el consumo de hidrocarburos vuelve dependientes a las naciones “tercermundistas”.
Además esta lógica es acompañada por una cultura que nos domestica en la entronización del automóvil como herramienta de desarrollo, confort y rapidez, lo cual es falso, pues en realidad contribuye al deterioro de la vida individual y colectiva.
La corrupción, la violencia y la negativa a garantizar derechos son terreno fértil para la cadena productiva basada en energía fósil.
Por eso casi no hay autos eléctricos en Latinoamérica, por eso se priorizan los intereses de clases sociales media-alta y alta.
En La Laguna somos ejemplo de una reinante polarización económica que impacta de manera significativa en la segregación de la movilidad.
El peatón, el ciclista, el discapacitado y el usuario de transporte público no son prioritarios, o lo son en la medida que se sigan llenando las arcas de la corrupción.
El trabajo del periodista Luis López La inacabable ruta del Metrobús Laguna lo confirma.
En zonas aledañas al periférico, en el oriente o el norte de la ciudad se repite el patrón: sin banquetas, sin pasos seguros, sin semáforos ni trazado de carriles ni áreas verdes ni señalización ni pasos de cebra. ¿Por qué permitimos que la región siga creciendo así?
Desde el inicio de su gestión, el alcalde Román Cepeda ha dicho que someterá a consulta la Ciclovida Colón, un espacio que garantiza seguridad a cientos de ciclistas que a diario transitan por ahí.
De acuerdo con datos recientes que arroja el contador que se colocó en la ciclovía, se estima que, en promedio, este mayo han sido hasta 300 ciclistas por día.
Estamos hablando de 300 personas que no utilizan el auto, que no contaminan, que no ocupan espacio en la calle y van a sus trabajos en bicicleta.
Lo que sucede es que no queremos ver. La Administración Municipal no quiere ver. ¿Para quién gobierna el alcalde Román Cepeda? ¿Cuál es la perspectiva democrática que su administración tiene sobre la movilidad en Torreón?
Me gustaría que su equipo respondiera sobre esto y también sobre otros tramos de ciclovía que están en lamentable deterioro, como el de la antigua carretera a San Pedro y el de la carretera a Santa Fe.
Que explicara si en lo que va de la gestión los agentes viales han recibido capacitación para evitar que los autos se estacionen sobre las ciclovías.
En la zona de senderos es problema de todos los días; en la carretera La Unión también. Lo atestiguo a diario.
Quizás los conductores ni enterados están de que cometen infracciones, pero para eso están los agentes viales: deben hacer efectivo el reglamento.
Entonces, ¿cuál era la prisa y el fundamento en construir el Distribuidor Vial Cuatro caminos que, dicho sea de paso, ni se sometió a consulta?
Pero los derechos no se someten a consulta y la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el pasado 17 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, obligará a modificar las leyes en los tres órdenes de gobierno.
Significa que nuestro municipio está obligado a enfocar esfuerzos para garantizar una movilidad segura e incluyente.
Vuelvo al punto inicial de este texto. Hay quienes no soltaremos el tema de la movilidad. Como alguna vez le oí decir a una activista de Bicitekas: los funcionarios están para gobernarnos y hacer efectivos nuestros derechos.
En este marco, celebro de manera gozosa el cumpleaños y el trabajo de Ruedas del Desierto.
Hace 11 años un grupo de ciudadanos decidió ocupar el espacio público en plena “guerra contra el narco”.
Lo hicieron en bicicleta como un acto de protesta pacífica en una región dominada por los cárteles.
Pero su osadía no se limitó a eso. Por primera vez, ciudadanos y ciudadanas laguneras colocaron el acento en las personas que durante décadas han utilizado la bicicleta como medio de transporte.
Desde entonces no han soltado los pedales ni los derechos que conllevan.
Es de admirar que en una región donde el activismo es sumamente complejo por la reinante apatía de una clase educada, pero también por los designios e intereses de privados y la corrupción por parte de las autoridades, un grupo de ciudadanos se mantenga firme en su defensa de la diversidad en la ciudad, en su manera de combatir el cambio climático y exigir un alto a la violencia y la letalidad vial.
¡Feliz cumpleaños, Ruedas del Desierto!
