El 30 de agosto de 2011, justo hace 10 años, el mundo conmemoró por primera vez “el día que no debería de existir”: el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En diciembre de 2010 la ONU consideró que debería de haber una fecha especial para hacer conciencia sobre esta problemática y combatirla, así que fijó el 30 de agosto para ello.
La organización expresó su preocupación por el aumento de este tipo de casos en diversas regiones del mundo y el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de quienes han desaparecido.
Las madres y demás parientes de personas desaparecidas insisten en que este día no debería de existir. Tienen razón.
Nadie tendría por qué vivir esta tragedia: ninguna persona debería de ser privada de su libertad, bajo ninguna circunstancia, y deberíamos de contar con autoridades que no sólo investiguen hasta devolver a su casa a cada desaparecido y castiguen a quienes se los llevaron, sino que no estén implicadas en este crimen.
En Torreón, como en gran parte del país, las desapariciones forzadas aumentaron durante la época de la guerra contra el narco. Los momentos más álgidos del conflicto coinciden con las fechas en que la ONU instauraba la conmemoración.
Sin embargo, para entonces ya existían en La Laguna colectivos de búsqueda de desaparecidos.
Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, fundadora de Grupo VIDA, comenzó a buscar a su hija Fanny en 2004; Lucy López Castruita, de Búsqueda Nacional en Vida, sigue el rastro de su hija Irma Claribel desde hace 13 años y María Elena Salazar de Fundec espera encontrar a su hijo Hugo desde 2009.
El pasado sábado, estas tres buscadoras participaron en un conversatorio que tuvo lugar en la librería El Astillero.
Ahí compartieron sus desgarradores testimonios, experiencias y necesidades.
Con su trabajo y sus aportaciones invaluables, cada una de ellas ha contribuido a la visibilización del problema; la creación de organismos, mecanismos, procedimientos y figuras legales acordes con la problemática; y en algunos casos la ubicación de los desaparecidos.
Pero falta mucho por hacer y necesitan nuestro apoyo. Las desapariciones no se han detenido y la cantidad de personas que han logrado volver a casa es bajísima en comparación con el número de gente que alguien se ha llevado.
La cifras oficiales dan cuenta de más de 91 mil desaparecidos en México. Un número alarmante y muy alto que, sin embargo, no refleja la realidad.
«Son cifras que carecen de veracidad porque hay familias que denunciamos y familias que no», precisa María Elena Salazar.
Lucy López señala que en San Pedro, por ejemplo, se podría decir que no hay familia sin al menos un desaparecido, pero apenas este año comenzaron a denunciar, luego de que ella contactó a algunos afectados. «Ni siquiera sabían que tenían ese derecho», compartió.
Por estos motivos las tres buscadoras exhortaron a la sociedad para que acompañemos a los colectivos de búsqueda.
No nos piden comprender su dolor, “no lo aguantarían”, dice Lucy López; nos piden ser conscientes de la problemática, nos piden sumarnos de cualquier manera que podamos.
Pidieron especialmente el apoyo de universidades y profesionistas. Urgen abogados, médicos, arqueólogos, antropólogos…
Desde Plaza Pública nos sumamos a ese llamado.
Enterémonos, acompañemos, aportemos, cerremos filas en torno a un crimen que nos afecta a todos.
Porque cada desaparecido nos hace falta y porque mientras no cesen ni se castiguen las desapariciones, nada nos garantiza que la próxima no será la nuestra.
