#SÍHUBOMUERTOS, con esa etiqueta los aficionados del Atlas desmienten, en redes sociales, la versión oficial, la de una masacre que no fue.
“Masacre” significa “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”.
Los medios de comunicación llamaron de ese modo al fusilamiento de 17 personas en Michoacán; la misma cifra se manejó, de forma extraoficial, en el estadio Corregidora.
Impedidos para confirmar el #síhubomuertos, pero no para recoger el “no los hubo”, los medios manejan que lo ocurrido en Querétaro fue una tragedia sin víctimas mortales.
Comentario frecuente en decenas de publicaciones en redes: “Las imágenes hablan por sí solas”.
En efecto, fotos y videos disponibles en la red imponen la idea de que al menos tres de los individuos tendidos ya no se levantarán.
Sin embargo, la imposibilidad de tomar el pulso a esas víctimas inertes y el hecho de que la vida suele hallar el modo de sobrevivir a circunstancias extremas bien valen el beneficio de la duda.
Con eso en mente, concedamos que no ocurrió una masacre, por más que invite a pensar lo contrario un video donde cuatro personas, al parecer policías, sacan un cuerpo desnudo de entre las gradas y lo arrastran (intentan cargarlo, pero no pueden) sin cuidado alguno, como si no pudieran empeorar la condición del herido (dado que no hubo muertos).
DESPUÉS DE LA RIÑA
Sin asesinatos, ¿cómo llaman los medios a lo ocurrido?
Una “batalla campal”, un “altercado”, una “riña”, una “confrontación”, una “trifulca”.
Aquello comenzó, en esto coinciden una decena de notas revisadas por su servidor, como una pelea entre hinchas queretanos y atlistas.
Sin embargo, no es descabellado afirmar que la pelea terminó pronto, en el primer asalto, por emplear un símil boxístico.
Llamar riña, confrontación, etcétera, a todo lo sucedido es hacerle un favor a los agresores.
¿Dónde está el truco? Esos términos, y muy en especial “pelea” invitan a pensar en cierto equilibrio de fuerzas.
Dos boxeadores pelean, dos ajedrecistas pelean, las bancadas del Congreso y los jugadores de dos escuadras llegan a pelear, los novios pelean, los matrimonios, los vecinos, las pandillas del rumbo, etcétera.
Una “batalla” donde un bando pone los golpes y el otro los heridos tiene poco de conflicto.
La atrocidad ocurrida en Querétaro fue algo cercano a un linchamiento, mas no fue una masacre.
Concedamos que se trató de una golpiza brutal propinada por los locales a los visitantes.
Reducir los hechos a «violencia» es quedarse corto; englobarlos como “salvajismo” no los retrata con justeza dadas las connotaciones positivas del término (lo “salvaje” tiene su atractivo).
Puestos a enfrentar el desafío de resumir en una palabra lo ocurrido, me inclino por “atrocidad”.
La oenegé Causa en Común define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Si nos ceñimos a la primera acepción de la RAE, también se retrata con mayor precisión lo ocurrido en Querétaro: una gran crueldad fue la seña de identidad de las agresiones registradas.
¿FUE UNA TRAGEDIA?
Llamarlo “tragedia” suaviza el hecho, la masacre que no fue, y prepara el camino para el borrón y cuenta nueva.
El Corregidora fue escenario, en primer lugar, de varios crímenes, algunos más visibles que otros.
Podemos empezar con faltas leves como agresiones y amenazas e ir escalando hasta lesiones dolosas (con arma blanca y otros) y tentativa de homicidio. De ahí que la administración de Mauricio Kuri ande buscando a los criminales, toda vez que ya lanzó el para nada previsible “no habrá impunidad”.
Sobre la responsabilidad del club de fútbol (la responsabilidad de cara a la sociedad), de los funcionarios públicos que regulan los espectáculos deportivos en la demarcación y de los elementos de seguridad, tanto de los presentes en el estadio como de los que no llegaron sino cuando ya era muy tarde, apenas se ha hablado.
En las informaciones que circulan se emplea la palabra “crimen” para insinuar la presencia del crimen organizado en las porras de los equipos.
No se utiliza ni siquiera en las notas sobre los operativos para aprehender a los perpetradores.
Llamar tragedia a lo ocurrido exime de culpas. Esa voz trae consigo un equipaje (el de las tragedias griegas sin ir más lejos) que llama tanto al espanto como a la compasión. Esto último activa, de un modo involuntario, la resiliencia.
Una atrocidad, en cambio, llama al enfado y de ahí a la rebeldía hay poca distancia.
Saltar del hecho a la tragedia borra el componente criminal de lo ocurrido.
Quien llora una tragedia, llora de dolor; quien llora porque fue víctima directa o colateral de un crimen, llora de dolor y de rabia, mezcla explosiva y proclive a la protesta.
NO MENTIRÁS
Las autoridades pidieron a la población “no mentir diciendo que no hay muertos”.
Menos mal que no hubo muertos, no oficialmente.
Con un par de decesos oficiales los medios de comunicación estarían incurriendo en el desacierto de llamar “muertos” a personas que fueron asesinadas.
Concuerdo en que “muertos” ahorra espacio e impresiona, pero no hace justicia a las víctimas de homicidio, menos cuando la muerte llega con forma de matanza.
Queda por ver en qué terminará la masacre que no fue, este pleito que de pelea tuvo sólo el principio, esta tragedia que invisibiliza un sólido conjunto de hechos criminales.
Cabe advertir que no debemos sorprendernos si las consecuencias, penales y civiles, son pocas y mínimas.
En boca del político, el “no habrá impunidad”, como el “se hará justicia”, tiene sus asegunes.
Los mortales solemos interpretar la frase como “se castigará a los responsables”.
Cuando se origina en una fuente política, requiere traducción, una larga y compleja puesto que implica considerar el debido proceso, las diligencias ministeriales, juicios opacos y politizados, chivos expiatorios, corruptelas, todo lo que configura un país donde sólo son denunciados siete de cada cien delitos (según el INEGI) y donde el 94 por ciento de los hechos denunciados quedan impunes.
