Vivir la desaparición de un ser querido, en cualquiera de sus clasificaciones, representa uno de los peores sufrimientos para cualquier familia. La angustia y la desolación se agravan si se trata de niñas, niños y adolescentes.
El caso de Edna Xóchitl López González, desaparecida el 26 de agosto de 1991, es el de más larga data en Torreón y ejemplifica hasta dónde este delito trastoca la dinámica familiar.
Sus padres, Reyna Xóchitl González y Heriberto López, hicieron hasta lo imposible para dar con el paradero de la pequeña, pero fallecieron sin poder encontrarla.
¿Qué hizo la autoridad tras la muerte de ambos? Archivar el caso sería lo menos grave, pero la Fiscalía de Coahuila ni siquiera encontraba la denuncia.
La menor tampoco figuraba en el tan cacareado Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, lo que evidencia su impresión y permite intuir el problema del subregistro o cifra negra en la materia.
Revisar la historia de Edna y la lucha de sus padres nos permite darnos cuenta de que apostarle al olvido es el principal objetivo del Estado Mexicano.
Años más tarde siguieron las desapariciones, casos como el de la adolescente Silvia Stephanie ‘Fanny’ Sánchez Viesca, de quien no se sabe nada desde el 5 de noviembre de 2004, volvieron a cimbrar Torreón.
Silvia Ortiz y Óscar Sánchez Viesca, al igual que Reyna y Heriberto, hacen de todo para dar con el paradero de su hija.
En el camino y, ante una problemática creciente de desapariciones, dieron forma al Grupo por Nuestros Derechos en Acción (VIDA), uno de los ocho colectivos de búsqueda que existen en Coahuila.
¿Qué tendría que pasar para que no se repitan estos crímenes? ¿Acaso ni siquiera las infancias nos movilizan para evitarlo?
Estas preguntas son una constante en la mente de quienes buscan, ya que siguen viendo falta de empatía social, autoridades indiferentes y diversos peligros en su andar.
El colmo es que, pese a la existencia de múltiples protocolos e instituciones que deberían velar por la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, no hay certezas.
El reportaje: “Desaparición de menores en Coahuila: las ausencias que la autoridad ignora y mal registra”, investigación que en equipo realizaron La Plaza Pública y Heridas Abiertas con apoyo del Hub de Periodismo de la Frontera Norte; evidencia la indolencia oficial y revictimización de las familias al momento que acuden a denunciar que su hijo está desaparecido.
La problemática no es exclusiva del norte. También en el sur poco o nada importantes son los menores de edad.
La semana pasada el portal Pie de Página presentó el caso de Óscar Gabriel González. El adolescente de 15 años se encontraba bajo custodia DIF Yucatán cuando desapareció, pero la institución no notificó a la familia de lo sucedido. Ni siquiera se implementó una Alerta Amber, aunque se trata de un protocolo obligado.
Otro ejemplo de la negligencia de nuestras autoridades en torno a la desaparición de niñas, niños y adolescentes lo encontramos en Guanajuato.
El pasado 3 de agosto, el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” emitió un comunicado en el que cuestionó el proceder de la Fiscalía de esa entidad, pues desactivó la Alerta Amber del adolescente Luis Enrique Valdez Olmedo sin dar aviso a sus familiares.
Más allá de los esfuerzos individuales que puedan existir al interior de algunas instituciones, su deficiente funcionamiento no cambiará hasta que todos nos sumemos a la exigencia de justicia de los colectivos de búsqueda.
Creemos que una manera de evitar que las desapariciones sigan repitiéndose es abrir espacios para hablar del tema en colectivo, cuestionarnos hasta qué punto nuestra pasividad contribuye y qué podemos hacer para acompañar a las familias que buscan a sus niñas, niños y adolescentes.
Es por eso es que desde Plaza Pública abrimos el diálogo y les invitamos a acompañar a las familias en el conversatorio sobre el reportaje “Desaparición de menores Coahuila”, que tendrá lugar este 23 de agosto a las 19:00 horas en El Astillero Librería.
