La desaparición de personas es un monstruo de mil cabezas. El principal responsable de esta tragedia es el Estado que, además de fallar en garantizar la seguridad de sus habitantes, no se preocupa por encontrar a las víctimas ni impartir justicia, lo cual se refleja en su desinterés por dimensionar la tragedia de manera efectiva.
Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos han señalado en repetidas ocasiones que los gobiernos siguen evadiendo la conformación de una base de datos que reúna todas las variantes de este problema: víctimas de trata; niños y adolescentes raptados o extraviados; víctimas de desaparición forzada y cuerpos que terminan en fosas comunes, mejor conocidos como NN.
Por este motivo resulta necesario hacer una reflexión para entender la crisis forense que se vive en nuestro país y en la que Coahuila tiene un pasaje de horror y revictimización para las personas que buscan a sus familiares ausentes.
Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos publicaron en 2020 una serie de reportajes que permiten conocer esta arista del problema.
La base de datos generada por el equipo de periodistas dio cuenta de que en México hay cerca de 40 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes.
En Coahuila 660 cuerpos carentes de identificación fueron depositados en los panteones durante los tiempos de mayor violencia por la guerra contra el narcotráfico.
Las investigaciones destacan también que los gobiernos de nuestra entidad, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas desconocen el destino de 999 cuerpos que ingresaron a sus servicios forenses.
En 2018, Silvia Ortiz, vocera del Grupo VIDA, denunció anomalías relacionadas con esta situación en Torreón.
La activista señaló que, durante los años de mayor violencia, cadáveres sin identificar fueron enviados a la Facultad de Medicina como parte de un convenio con la Fiscalía de Coahuila.
Cabe resaltar que la autoridad nunca pudo aclarar el destino de esos cuerpos.
En marzo y mayo pasados las autoridades estatales pusieron en marcha dos exhumaciones masivas en los cementerios públicos de Torreón; sacaron más de 300 cuerpos con el objetivo de buscar coincidencias genéticas con las bases de datos que tienen.
A la fecha poco ha sido transparentado y los colectivos no ven celeridad, pues hay más y más restos óseos acumulados en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) ubicado en Saltillo.
No obstante, las actividades del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense (PEEIF) les han servido a nuestras autoridades locales para ganarse el reconocimiento nacional por parte de la Federación como entidad pionera en la materia.
La realidad es que el gobierno estatal ha gastado más de 250 millones de pesos en este programa sin que haya cumplido con su cometido.
Así lo evidencia la investigación Búsqueda de desaparecidos en Coahuila: el gobierno gasta recursos sin entregar resultados, de la periodista Esmeralda Sánchez, publicada por el Border Hub de Periodismo de la Frontera Norte.
La recuperación de restos que han realizado las familias de desaparecidos a través de colectivos como Grupo VIDA en diversos sectores de La Laguna merece otro análisis.
La propia Silvia Ortiz ha hablado de cerca de 30 puntos en que ubicaron huesos y ropa de personas que fueron asesinadas y en algunos casos calcinadas en la época álgida de inseguridad.
Desde enero de 2015 comenzaron a salir cada semana a recuperar los restos, obligando de esa forma a la autoridad a acompañarlos y hacer su trabajo para asegurarlos, sin embargo, los resultados que ésta ha ofrecido a la fecha son casi nulos.
El primer paso para resolver un problema debe ser reconocerlo y son las familias de las víctimas quienes presionan al Gobierno para que lo haga, aunque requieren de un mayor apoyo y empatía ante una tragedia que nos debería indignar más como sociedad.
