La asociación civil Prodefensa del Nazas comenzó el proceso de desistimiento del amparo que interpuso a finales de mayo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con el objetivo de impedir la construcción de una presa derivadora en el Área Natural Protegida del Parque Estatal Cañón de Fernández, obra que forma parte del megaproyecto Agua Saludable para La Laguna.
Integrantes de la organización informaron que se tomó dicha decisión tras una fase de diálogo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que se lograron cuatro acuerdos importantes para la conservación del área protegida, mismos que deberán firmarse en un convenio vinculante en los próximos días, de lo contrario Prodenazas no ratificará el desistimiento.
Sin la ratificación el amparo no se detiene.
“Ayer a las 10:34 de la noche introdujimos el desistimiento del amparo, falta que el juez lo vea, lo revise y nos llame en unos días a ratificar”, detalló Francisco Valdés Perezgasga, presidente de la asociación.
Se espera que Prodenazas y la Conagua firmen el acuerdo a la brevedad en la Ibero Torreón, en presencia de los gobernadores de Durango y Coahuila.
Ceden a la presión en nombre de un bien común
La presión para Prodenazas se había incrementado luego de que, en su última visita a Lerdo, el pasado 15 de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hiciera señalamientos contra los ambientalistas y amagara con cancelar la obra si para el 3 de octubre el amparo seguía vigente.
A partir de esas declaraciones y gracias a diversas estrategias de comunicación de los entes políticos y empresariales involucrados en el proyecto, el discurso que se impuso en la agenda fue que la organización se oponía a la salud y al “progreso”, ya que sus acciones impedirían que los laguneros contaran con agua saludable y que el Gobierno federal retirara una importante inversión de la región.
“Ustedes vieron toda la presión mediática que hubo hacia el tema en concreto y la presión total de decir: ‘los ambientalistas están en contra de todo’”, argumentó el abogado de Prodefensa del Nazas, Juan José Rojas.
Destacó que hay una necesidad palpable de que la gente tenga agua sin arsénico y si bien la asociación sostiene que el megaproyecto genera una afectación, hicieron un análisis del conflicto con perspectiva de ecología política y determinaron que debe ser un asunto negociado para que gane la mayoría.
“Que salga ganando la naturaleza, pero que también la población pueda tener agua sana, aunque sabemos que (el proyecto) no soluciona de fondo la problemática. (…) Con estas cuatro condicionantes creemos que se podría solucionar nuestra principal demanda de las afectaciones del río”.
Seguir con el amparo hasta donde tope, consideró el representante legal, dividiría a los laguneros.
“Tampoco se trata de eso. Se trata de que podamos ir construyendo una agenda ciudadana común, que podamos ir llegando a acuerdos, que salga ganando el medio ambiente, que salgan ganando las personas y bajo esa lógica fue que pudimos llegar a esos puntos”, dijo.
Seguirán contra sobreexplotación
Los integrantes de Prodenazas resaltaron como un logro haber colocado el tema de la sobreexplotación del acuífero de La Laguna en el debate público.
Aseguraron que continuarán con la agenda hídrica para exigir que se resuelva esa problemática, ya que, si bien la Conagua es consciente de ella, en todos los acercamientos el organismo administrativo aclaró que estaba fuera de la discusión del proyecto Agua Saludable para La Laguna.
Para la asociación civil, el origen del problema principal de La Laguna en cuanto al agua es la sobreexplotación de los acuíferos, la ineficiencia y tráfico en el manejo de las aguas superficiales y el agua urbana, y la omisión por parte de la autoridad de atajar la problemática.
Los acuerdos
El primer acuerdo consiste en que se asegure que seguirá corriendo el volumen de agua de estiaje que fluye por el cauce del Nazas todos los años, una vez que se cierran las compuertas de la presa Francisco Zarco, y se garanticen las condiciones mínimas para que ese último tramo del río no se deseque.
Que la Conagua contrate a un especialista en humedales continentales, independiente, que diagnostique el impacto real de la obra e indique las acciones para minimizar y reparar sus efectos negativos es la segunda condicionante.
El involucramiento de un observatorio socio-ambiental de la Ibero Torreón para que examine las acciones de mitigación y remediación de las obras en el área protegida, es el tercer acuerdo.
El último es impulsar acciones en conjunto con los gobiernos de Durango y Coahuila para conservar el capital natural en estatus de protección legal tanto el Parque Estatal Cañón de Fernández como otras áreas naturales protegidas de la región, esto encaminado a que en un futuro reciban mayor proyección por parte del Gobierno Federal.
