El pasado 29 de septiembre se dio a conocer que el gobierno federal autorizó prorrogar, por séptima vez, la puesta en marcha del Metrobús Laguna.
A estas alturas ya no sorprende el cinismo con que las autoridades del gobierno coahuilense justifican las demoras en la obra.
Sí debe recalcarse, en cambio, que durante la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, muchos han sido los señalamientos de corrupción a lo largo del país, pero las acciones para castigar a los responsables de desfalcos millonarios o delitos cometidos contra la población han sido casi nulas.
El Metrobús Laguna es uno más de los pendientes.
Durante la primera visita de AMLO a la Laguna ya como Presidente de la República, hizo mención a la obra, y no se guardó que había recibido quejas. Aquel 28 de diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo federal prometió un trato especial para esta región conformada por municipios de dos estados y dijo que habría celeridad en los trabajos para que el nuevo sistema de movilidad urbana comenzara a funcionar a la brevedad.
Nada ha pasado.
A casi cuatro años de distancia de aquellas declaraciones no hay Metrobús Laguna, ni consecuencias por la acumulación de retrasos.
Leer las prórrogas autorizadas por BANOBRAS y la Secretaría de Hacienda permite constatar que el gobierno de Coahuila se escudó en la pandemia para disculpar su inacción.
En el documento que se hizo del dominio público la semana pasada, el gobierno federal asentó que habrá consecuencias: si el Metrobús no está listo para el primero de octubre de 2023, se tendrá que devolver el financiamiento otorgado.
Esta condición, a la que se ha dado relevancia en algunas publicaciones, incluso el gobernador Miguel Riquelme se pronunció a ese respecto, en realidad no tiene nada de extraordinario.
Otras prórrogas del convenio decían lo mismo (pero eso no se comenta) y no hubo sanción alguna.
De ahí que sea oportuno, cuando no necesario, cuestionar la impunidad y la pasividad que rodean al inacabado sistema de movilidad y sus ampliaciones de plazos.
Cabe precisar que las siete prórrogas autorizadas están relacionadas solamente con un contrato: el de la construcción de la ruta troncal, cuyo financiamiento ronda los 400 millones de pesos.
Hay otros contratos que ya están terminados (o al menos eso se dice).
Al revisar el documento correspondiente a la construcción de la Estación Nazas se observa que no todo el plan de trabajos ha sido ejecutado.
Esa irregularidad, y otras por ese estilo, fueron evidenciadas dentro de la investigación La inacabable ruta del Metrobús Laguna, publicada en agosto de 2021 y realizada con el respaldo del Hub de Periodismo de la Frontera Norte.
¿Por qué es importante informarse y reflexionar sobre noticias como la de esta séptima prórroga y las nulas consecuencias para las autoridades y empresas responsables de la obra?
En principio, porque así se aprecia que iniciar obras o proyectos al final de un sexenio abre la posibilidad a que nunca sean terminadas.
Por ejemplo, la ejecución de la ruta troncal comenzó a finales de los periodos del exgobernador Rubén Moreira Valdez y del expresidente Enrique Peña Nieto.
Con ese antecedente, cómo no advertir que la historia podría repetirse con otro megaproyecto para la región: Agua Saludable para La Laguna, el cual pretende dar solución al problema del desabasto de líquido y que hoy por hoy presenta avances mínimos (su ejecución comenzó apenas este año).
En resumen, cada prórroga que se autoriza a obras como la del Metrobús Laguna confirma y reafirma la corrupción y la impunidad en torno a proyectos magnos que se venden como la solución a problemas añejos de una comunidad.
A la sociedad lagunera le corresponde alzar la voz y exigir que no se deje a medias un proyecto de infraestructura pública o, por lo menos, que haya consecuencias por el incumplimiento de cada nuevo plazo.
Actuar de otro modo, confirma y reafirma que la impunidad y la corrupción en torno a un proyecto plagado de irregularidades desde su inicio no producen en la ciudadanía sino indiferencia.
