El proceso electoral para renovar la gubernatura de Coahuila comenzó, de modo extraoficial, hace meses. Así se comportan, así se conducen, las “corcholatas” que buscan las nominaciones de los partidos. La efervescencia de los “aspirinos” ya permite vislumbrar cuál será el tema central de las campañas: la seguridad pública.
El principal argumento -quizá el único logro a presumir- en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es la mejora de la situación en ese ámbito; una que se inició a mediados de la década pasada y que se ha extendido a lo que va del sexenio de Miguel Ángel Riquelme Solís.
Riquelme no ha perdido oportunidad de enarbolar que Coahuila, con sus indicadores de seguridad, es ejemplo nacional, y un referente en el norte del país.
Por aquello de acarrear agua a su molino, el Ejecutivo estatal lleva años anticipando, advirtiendo dirían algunos, que un “cambio” político podría resultar en inestabilidad en el territorio, es decir, en retroceder a los días del terror.
En el proceso electoral de 2017, como candidato del tricolor, el guion de Riquelme discurrió inclinado hacia la seguridad. Los promocionales de su campaña consistían en ofrecer que él sí sabía mantener la paz y pedir a los coahuilenses no olvidar que con el PAN -su principal adversario en ese entonces, hoy posible aliado en coalición electoral- las balaceras en la vía pública eran el pan de cada día.
Más allá de la relativa tranquilidad instalada, y de vender a Coahuila como un “oasis” en ese sentido, la entidad tiene muy poco que presumir en otros indicadores de suma importancia; por ejemplo, los enfocados en la calidad de vida de los ciudadanos.
La narrativa del “cambio” como “retroceso” es, en realidad, una amenaza sin fundamentos si se considera que los propios actores políticos atribuyen las escaladas de violencia a los “reacomodos” de las organizaciones delictivas y no a un asunto de políticas gubernamentales de combate a la criminalidad.
Cabe mencionar que proteger a la ciudadanía es la primera obligación de cualquier gobierno. Sin embargo, no hemos transitado, como sociedad, el camino hacia conseguir que existan consecuencias de algún tipo cuando los servidores públicos no dan los resultados esperados.
Volviendo al asunto de estas líneas (de corcholatas y precampañas), el secretario de Desarrollo Social y delfín oficial, Manolo Jiménez, repite (alineado al guion provisto por Riquelme) que la seguridad es el tema y que sin ella nada avanza, que debe mantenerse lo que se tiene y mejorarlo, que su jefe Miguel Riquelme ha cumplido en este rubro y que virar en otra dirección política en 2023 entraña riesgos.
En la acera de enfrente, el subsecretario de Seguridad Federal y, al parecer, ungido morenista, Ricardo Mejía Berdeja, también habla de la necesidad de contar con fuerzas de seguridad estatales más confiables. Su diagnóstico de la paz existente en Coahuila se decanta por destacar la presencia militar y la labor de la milicia en el territorio desde hace años.
Ambos incurren en una simplificación del tema desde criterios mercadotécnicos. No debe olvidarse que los gobiernos, de cualquier extracción, están obligados a brindar seguridad a la población, y que en la política mexicana la inseguridad es un arma arrojadiza que a veces lanzas y otras, encajas.
Ahí está el ejemplo de Felipe Calderón y las críticas que recibió por su decisión de sacar al Ejército a las calles. Hoy, parte de esa oposición, convertida en gobierno y con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, promovió, consiguió y aplaudió que la milicia siga realizando tareas de seguridad pública.
Además, no debe obviarse, que las condiciones de seguridad en un territorio también son consecuencia de negociaciones no oficiales. En ese sentido, la llegada de un partido distinto al poder ejecutivo estatal sin duda podría ocasionar inestabilidad. No obstante, la continuidad de una fuerza política no garantiza que la tranquilidad será mantenida; la experiencia de entidades como Guanajuato o Jalisco es clara a ese respecto.
Una vez que inicie oficialmente el proceso electoral en Coahuila, amagos y advertencias sobre lo que está en riesgo en materia de seguridad (elige bien o…) caerán como plagas sobre la población.
La misión de la ciudadanía, si decide aceptarla, es presionar para que el tema de la seguridad no sea el único plato sobre la mesa electoral.
El Estado tiene diversas responsabilidades, muchos pendientes, tantos rezagos (el combate a la corrupción, la ejecución de proyectos que contribuyan a elevar la calidad de vida, el combate a la pobreza y más), y las corcholatas estarían encantadas de que no se hable de ellos.
