La aversión de la clase política local hacia las candidaturas independientes es tal que incluso se deja ver en el Código Electoral de Coahuila.
Mucha gente no se toma la molestia de leer, mucho menos pensar, en las leyes que nos rigen.
Se necesita estar en una determinada situación, casi siempre desfavorable, sujeto a investigación judicial por ejemplo, para interesarse por el marco legal y echarle un ojo, no a todo, sino a puntos bien específicos.
Hay normas tan enrevesadas que invitan a conseguir una linterna para arrojar luz sobre el asunto.
Las hay inexpugnables, de las que no se abren al entendimiento ni con ariete o consejero legal.
Otras son o muy simples y precisas, o muy amplias y vagas.
Las relativas a las candidaturas independientes exudan menosprecio hacia quienes pretenden competir con los institutos políticos por cargos de elección popular.
Ni siquiera se necesita un examen exhaustivo para percibir los sesgos.
Un ejemplo se encuentra en el artículo 19, sobre la integración de los ayuntamientos, a propósito de la designación de regidores.
El tercer numeral dicta que partidos y planillas de candidatos independientes que consigan suficiente votación tienen derecho a regidurías de representación proporcional.
Sin embargo, en los numerales siguientes, donde se detalla el método para repartir dichos puestos y la sindicatura de primera minoría, sólo se contempla a partidos y coaliciones.
Para mayor claridad, conviene mencionar que el código ha sido reformado con frecuencia, tanto que los cambios más recientes entraron en vigor el pasado 23 de diciembre.
El artículo en cuestión fue modificado en octubre del 2020.
En diciembre de 2017, al resolver el juicio SM-JDC-389/2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a modificar la integración del cabildo en Matamoros para dar cabida en la asignación de las regidurías de representación proporcional a una integrante de planilla independiente.
Por extensión, expertos en derecho electoral coinciden en que el mismo criterio (la votación recibida) aplica para la sindicatura de primera minoría.
En síntesis, con el ajuste hecho al artículo 19, es ley que los proyectos independientes, cuando gozan del respaldo ciudadano, deben ocupar cargos reservados a las minorías más fuertes. Sin embargo, los reformadores omitieron a las figuras apartidistas en el procedimiento para otorgar dichos espacios.
En las arenas de la polaca pocos actos son fruto de errores involuntarios, aun cuando sean presentados como tales.
La apertura del sistema político y la participación ciudadana no son temas que entusiasmen a la clase política.
Para negar, con muchas más palabras que un simple “no” la primera, el arte está en poner un montón de trabas, mejor conocidas como requisitos.
Obstáculo por excelencia es el del respaldo ciudadano.
Quien aspira a contender sin partido por la presidencia de Torreón en los comicios de junio próximo debe comprobar al árbitro que al menos 7 mil 578 votantes registrados desean ver su nombre en las boletas.
Para ello, hay que obtener, en formatos digitales, copias de las credenciales de elector, fotografías y firmas de aquellos que aprueban el proyecto independiente a través de la aplicación Apoyo Ciudadano INE (Instituto Nacional Electoral).
El programa, desde luego, falla con frecuencia y no se lleva bien con todo tipo de celulares ya que fue diseñado para tabletas con lápiz.
En las páginas Google Play y App Store pueden leerse decenas de comentarios al respecto, aquí uno de ellos: “Tres personas en mi familia tienen celular Samsung y no nos permite enviar los datos recabados. Estamos en plena recaudación de apoyo ciudadano y es increíble que no podamos trabajar bien”.
Nuestros pandémicos días agregan a dicha tarea una dificultad adicional y potencialmente letal: salir a recabar firmas cuando la entidad está en semáforo rojo de la COVID-19.
En cuanto al otro tema, es fácil demostrar que la clase política no siente inclinación alguna por fomentar y promover una democracia participativa.
Le viene como anillo al dedo el sistema representativo donde la población no se involucra en la toma de decisiones y una cantidad a veces indecorosa de ciudadanos participa de “la democracia de todos”.
Que haya candidatos independientes no agrada a los políticos por la sencilla razón de que un buen perfil puede vencerlos.
