Natalia Montserath Ortega Mijares
El próximo 7 de junio Coahuila elegirá a los 25 nuevos diputados que integrarán el Congreso local, 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional. De acuerdo con la base de datos del IEC, en la contienda participan 379 aspirantes; entre quienes sí registraron género, 216 son mujeres y 159 hombres.
En el papel, pareciera que los objetivos de los grupos feministas que durante décadas han impulsado la paridad constitucional en México finalmente son una realidad. Sin embargo, para la investigadora y académica Rosario Varela Zúñiga la presencia numérica no necesariamente significa que las mujeres ejerzan el poder en igualdad de condiciones, ya que persisten prácticas partidistas, violencias y estructuras políticas que continúan relegando a las mujeres de los espacios de decisión real.
La catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) no pierde nunca de vista que la participación política de las mujeres es una condición indispensable de los sistemas democráticos.
“Mientras las mujeres no participen dentro de los órganos de representación, habrá una injusticia social”, sostuvo.
Recordó que el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país ha sido producto de décadas de activismo, presión política y social para que el Estado cumpla los acuerdos firmados tras la Plataforma de Acción de Beijing (1995) e implemente las reformas necesarias.
Desde entonces, detalló Varela Zúñiga, los avances han sido paulatinos y en algunos momentos insuficientes.
En 1996 se incorporó en el Código Federal de Procedimientos Electorales la cuota del 30 por ciento en las candidaturas, “aunque el texto decía ‘de distinto género’, no ‘de mujeres’, lo cual era una desventaja y una forma de no reconocer nuestra subrepresentación”.
La reforma terminó mostrando sus límites. “Los partidos implementaron prácticas para evitar que las mujeres llegaran al poder: las postulaban en distritos donde no tenían posibilidades de ganar o las colocaban al final en las listas plurinominales”, explicó.
Las fallas se han ido subsanando con el tiempo. En 2011, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a los partidos a postular un 40 por ciento de mujeres y a garantizar que las suplencias femeninas fueran ocupadas por mujeres. Esto con el objetivo de evitar el fenómeno de las ‘Juanitas’, que consistía en que los partidos postulaban mujeres y una vez electas, las hacían renunciar y ceder su cargo a hombres.
La reforma constitucional de paridad llegó en 2014, bajo el principio de “50 y 50”, pero dejó fuera las presidencias municipales.
“En Coahuila, por ejemplo, no hemos tenido más de 14 presidentas municipales recientemente y suelen gobernar municipios pequeños, con muy poco presupuesto”, señaló la investigadora.
La reforma que indica la paridad en todo se hizo hasta 2019, abarcando incluso al Poder Judicial y a organismos autónomos como las universidades públicas. Pero, de acuerdo con la investigadora, el principal reto persiste.
“El problema actual sigue siendo cómo bajar esta teoría a la práctica”.
Para la catedrática la paridad no es meramente un asunto de cuotas de género, sino un principio democrático.
Si bien desde 1953 las mujeres mexicanas fueron reconocidas constitucionalmente como ciudadanas con derecho a votar y ser electas, en la práctica ese reconocimiento tiene limitaciones.
“La paridad es un piso firme importantísimo; sin ella, difícilmente tendríamos oportunidades reales de llegar al poder. Sin embargo, no garantiza los derechos por sí sola. Una ley te abre la puerta, pero hay que hacer muchísimo trabajo de educación política para cruzarla”.
La doctora en Ciencias Sociales advirtió que el hecho de que las mujeres ocupen hoy más espacios políticos no implica una igualdad real dentro de las estructuras partidistas, y tampoco garantiza que trabaje a favor de las mujeres.
“Las mujeres llegan al poder, pero no necesariamente en igualdad de condiciones. Al tener poco tiempo de ocupar estos espacios, aún no han consolidado un capital político y social que les permita manejarse con autonomía”.
Recordó que en 2014 se estableció que los partidos destinaran tres por ciento de sus recursos públicos a la capacitación de los liderazgos políticos femeninos, para acabar con la justificación de que “no hay mujeres con el perfil de poder”, pero los partidos no siempre lo hacen.
“Aún hoy extraña ver, por ejemplo, que en las conferencias de prensa de algunos partidos sean únicamente los hombres quienes toman la palabra”.
Es ahí donde para la académica es de vital importancia que las juventudes femeninas aprovechen las puertas que sus antecesoras abrieron y se empoderen “para asumir estos cargos con convicción y capacidad, no solo por cumplir una ley”.
Además de las barreras estructurales, las mujeres que participan en política continúan enfrentando violencia política en razón de género.
“Con ello se busca inhibir su participación mediante burlas, cuestionamientos a su capacidad o violencia simbólica para regresarlas al ámbito doméstico”.
Afortunadamente, dijo, este comportamiento, que por lo regular viene de los hombres, ya está reconocido como delito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
